Jueves, 12 Junio 2025 15:04

Justicia falla a favor de otros dos profesores y condena a ANEP por persecución

La Justicia falló a favor de los profesores Noemí Pérez y Germán Viera, condenando a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a indemnizarlos con 18.000 dólares por daño moral, tras constatar persecución sindical y política por parte de las autoridades del Liceo Nº 1 de San José y de la Dirección de Secundaria.

Los docentes fueron sancionados en 2019 con separación del cargo y retención del 50% del salario durante seis meses, luego de haberse fotografiado fuera del horario laboral y en la vía pública con un cartel que decía “No a la reforma”, en protesta contra la iniciativa “Vivir sin Miedo”. La sentencia determina que dicha sanción careció de fundamento, vulneró derechos y tuvo un “claro ánimo de persecución sindical”.

Según el juez, la directora Miriam Arnejo reactivó en 2020 la investigación que había sido inicialmente archivada, con expresiones que evidencian “subjetivismo antisindical y político partidario”. También se resalta que no hubo violaciones a la laicidad ni se infringió norma alguna, y que la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, ignoró la recomendación de no aplicar medidas cautelares.

Noemí Pérez expresó su alivio tras el fallo:
“Recibí la sentencia a mi favor por la persecución sindical que sufrimos. Somos cuatro compañeros con sentencia favorable, lo que demuestra que hubo persecución. Lo que molestó a las autoridades no fue la actividad, sino nuestras ideas diferentes y el ejercicio de la libertad de expresión”.

Por su parte, Germán Viera agregó:
“Pasamos muy mal, pero siempre tuvimos apoyo de estudiantes y compañeros. La sentencia confirma que no cometimos ninguna falta y eso me deja muy contento”.

Marcel Slamovitz, representante de la Asociación de Profesores de San José, calificó la resolución judicial como un hecho histórico para el movimiento sindical y la defensa de la libertad de expresión. “El juez dijo que la persecución fue clara, grosera y evidente. Este fallo abre un camino importante para proteger los derechos de los trabajadores y la democracia”, afirmó.

El proceso judicial y la exposición pública afectaron gravemente la salud emocional y la carrera profesional de Pérez, quien se vio obligada a adelantar su jubilación. El monto indemnizatorio fue valorado como un reconocimiento simbólico: “Lo importante era ganar justicia, el dinero es lo menos relevante”, dijo Pérez.

Actualmente, continúan en trámite otros cuatro casos similares de docentes que fueron sancionados por la misma causa.