En este marco, el gobierno ha enviado las pautas para iniciar las conversaciones, aunque desde el sector se considera que son insuficientes. Uno de los principales puntos de preocupación es la modalidad de contratos implementada por las empresas de seguridad, que, según los trabajadores, resulta perjudicial y contraria a la normativa laboral vigente. Bruno Echedo, referente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, explicó que las empresas han optado por contratos que fijan un máximo de 44 horas semanales sin aclarar un mínimo, lo que genera incertidumbre y afecta la estabilidad laboral de los trabajadores.

Echedo también explicó que en el convenio colectivo anterior, se logró establecer un mínimo de 13 jornales mensuales, lo que garantiza a los trabajadores alrededor de 20 días de salario al mes, sumando los días libres. Sin embargo, actualmente, los empresarios han comenzado a utilizar modalidades de contratos a término, incluso en servicios permanentes.

Estos contratos, que pueden ser de tres meses con opción a un año, permiten que, al vencerse, aunque el trabajador sea necesario para el puesto, la empresa lo rescinda sin pagar despido ni indemnización, evitando así cualquier responsabilidad laboral.

Este tipo de contratos fueron calificado por Echedo como "chatarra" o "basura e ilegales, ya que contravienen la normativa laboral vigente en Uruguay.

El dirigente expresó su preocupación por la creciente rotación de trabajadores bajo estas condiciones, lo que afecta tanto la estabilidad laboral como la organización sindical, ya que los trabajadores con contratos temporales no se afilian a los sindicatos por temor a ser despedidos al finalizar su contrato.